Abolida la monarquía, promulgada la constitución de Solón, tuvo ésta su verdadero desenvolvimiento después de las guerras médicas.
A la Asamblea correspondieron la soberanía y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y de ella podían formar parte todos los ciudadanos mayores de veinte años, no existiendo otras causas de exclusión que la condena infamante y el origen extranjero.
Cada una de sus reuniones regulares, que eran próximamente cuatro por mes, tenían determinados su objeto y sus trabajos. En la primera se juzgaba la conducta de los numerosos magistrados elegidos por el pueblo; se examinaban y aprobaban las cuentas de los administradores del Tesoro público; se oían las denuncias y acusaciones públicas, y se procuraba la conservación del ejército y la flota y el sostenimiento de las guarniciones de las fronteras o de las islas. La segunda se consagraba, con carácter puramente legislativo, a los asuntos generales del gobierno interior y administrativos. La tercera recibía a los heraldos y embajadores y discutía sus mensajes. Y la cuarta se dedicaba a la organización de las fiestas, sacrificios y ceremonias religiosas.
Fuera de las épocas acostumbradas, sólo podía ser convocada por los pritaneos o los estrategos, en nombre y con autorización del Senado, que, compuesto de 500 miembros, era renovado anualmente por aquélla. Alrededor de Pnix y sin orden de precedencia, agrupábanse todos los ciudadanos, si bien los 10 estrategos y los jefes del Senado, los proedres que presidían, ocupaban un lugar aparte.
Un heraldo leía el proyecto o decreto previamente discutido y aprobado por los senadores, y aunque podían todos discutirlo, prevaleció la costumbre de confiar particularmente este trabajo a diez oradores elegidos de año en año. Si la propuesta pedía la derogación de una ley vigente, cinco oradores la defendían y una comisión sentenciaba en lo que podríamos llamar primera instancia. La votación se efectuaba, ya alzando las manos, ya por escrutinio, pero sin orden preestablecido. Magistrados especiales (Nomofilactas) vigilaban por la sinceridad del voto.
Las actas políticas de la Asamblea eran de dos clases, consignando en una las leyes generales y perpetuas y en otra los decretos relativos a los particulares o de un objeto determinado. Las resoluciones, aunque absolutas en Derecho, podían ser llevadas, por apelación del Senado, a un nuevo debate y otra resolución, y eran declaradas ipso facto nulas si una especie de tribunal de casación declaraba su ilegalidad.
En los asuntos judiciales la Asamblea se limitaba, en la apariencia, a escuchar las acusaciones públicas y a enviar a los acusados ante los tribunales de los Heliastas; pero estos tribunales eran en realidad la misma Asamblea, puesto que el número de sus miembros variaba de 500 a 6.000, cifra media de los ciudadanos activos de Atenas durante la guerra del Peloponeso.
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