La necesidad de dar un nuevo paso en la misma dirección se reconoció inmediatamente después de esta reforma:

En 1851 se rebajaron algunos derechos de importación.

En 1852 se hizo una nueva edición de los aranceles y de la instrucción de aduanas para compilar en ellas las alteraciones posteriores a 1849.

En 1853 se declararon de libre importación 456 artículos gravados antes con pequeños derechos, cuyos rendimientos eran insignificantes.

En 1855 se formuló un proyecto de nuevos aranceles, se abrió, para discutirle, una amplia información parlamentaria, en la que fueron oídos los representantes de las industrias interesadas, y pudo adquirirse el convencimiento de que la modificación propuesta en sentido liberal estaba perfectamente justificada.

En 1856, para obviar dificultades y quitar hasta el pretexto de toda resistencia, se presentó a las Cortes otro proyecto, que por vía de conciliación, disminuía la rebaja de derechos intentada en el año precedente.

En 1857 se compiló de nuevo la legislación de aduanas.

Pero todavía transcurrieron varios años sin que se hicieran más que algunas reformas parciales, hasta que el decreto de 10 de noviembre de 1865 dispuso una nueva información arancelaria, que se llevó a cabo con gran solemnidad y animación, y cuyos resultados fueron concluyentes en favor de las libertades del comercio.

A pesar de esto y de la promesa consignada en la ley de presupuestos de 1866 a 67, los aranceles no se reformaron y la revolución de 1868 halló pendiente el asunto, vivas las enseñanzas de las anteriores informaciones y reclamada cada vez con más empeño por la opinión general una modificación arancelaria; su primer acto fue el decreto de 22 de noviembre, que usando de la autorización concedida por la ley de 21 de junio de 1865, para suprimir el derecho diferencial de bandera, le declaró abolido desde 1° de enero de 1869, y luego ya con más espacio, el ministro Sr. Figuerola planteó la reforma definitiva en la ley de 1° de julio que fijaba el presupuesto de ingresos para 1869-70.

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